La frase célebre de Strassera, fiscal durante el juicio a las juntas, parecía ser el sello final de una etapa. Sin embargo hoy, una herida que parecía cerrada, vuelve abrirse más que nunca.
La llegada en 2.015 del mando civil de la última dictadura a la presidencia de la nación, supuso un fuerte cambio en materia de DDHH. Demoras en las causas, domiciliarias a represores, reinstauración en los medios de comunicación de la teoría de los dos demonios, desfile carapintada en los festejos de la independencia, entre otras medidas simbólicas (y no tanto), dieron cuenta de que este gobierno no vino marcar una época de cambios, sino más bien un cambio de época. “Futuro por pasado”, como definiría oportunamente dicho proceso la gobernadora electa María Eugenia Vidal.
Como era de esperar, Mauricio Macri, miembro de uno de los emporios económicos más grandes de nuestro país surgidos en aquella época nefasta, una vez en el poder, devolvería, por medio de la justicia a sus antiguos socios, la impunidad negada en estos últimos años debido a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia llevados a cabo por un Estado que supo pedir perdón por tanto terror en nombre del pueblo, allá por el año 2.004.
Para ello, y abusando de sus tributos presidenciales, nombraría mediante decreto dos nuevos jueces supremos -en comisión- para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pasando por encima del congreso, el consejo de la magistratura y, por lo tanto, de la propia Constitución Nacional.
Acto, que fue repudiado por una pequeña parte del arco opositor; el cual terminaría revalidando dicha decisión con los votos en el senado. En parte condicionados (los senadores) por las negociaciones de fondos nacionales para la asistencia de los languidecidos presupuestos provinciales, llevadas a cabo por los gobernadores (sus jefes).
Como consecuencia, la nueva Corte Suprema de la Nación, contaría con la presencia de abogados con fuertes lazos en el sector privado (Multimedio Clarín). El mismo que otrora financiara, encubriera y promoviera el accionar de las fuerzas represoras de aquel entonces como parte de un plan político-económico que tendría por fin desmantelar toda estructura propia del Estado de Bienestar y corroer las bases del movimiento obrero organizado, metiendo de lleno a la Argentina en el proceso de globalización.
Estos nuevos jueces supremos serían claves para que en un absurdo fallo, la Corte Suprema diera beneficios a genocidas, basándose en una ley que está derogada hace más de una década –dejó de estar vigente en 2.001- conocida popularmente como 2 por 1.
Pareciera absurdo que la misma derecha que recrudece las políticas en contra del delincuente común, otorgue beneficios a los genocidas. La única explicación posible al parecer, han sido, son y serán los oscuros intereses que unen unos a otros y que hasta hoy (al parecer) los ata, para continuar actuando de manera mancomunada en contra de los intereses del pueblo argentino. Por eso reclamamos Memoria, Verdad y Justicia; y levantamos hoy más que nunca aquella frase: “Señores jueces, nunca más”.
Víctor Casanovas
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