Pinamar – La denuncia penal contra brokers presuntamente asociados a Remax Bosques, con actividad en Pinamar, Costa Esmeralda, Villa Gesell y General Madariaga, podría abrir un nuevo frente judicial en materia de criminalidad económica en la Costa Atlántica.
El expediente, que aún se encuentra en etapa probatoria, plantearía interrogantes sobre la estructura de comercialización inmobiliaria en zonas turísticas y sobre los estándares de control en operaciones de gran volumen. La denuncia se enmarcaría en los delitos de defraudación y estafa, figuras previstas en el Código Penal para casos en los que se alegaría que una persona habría obtenido un beneficio económico mediante engaños o abusos de confianza.
No obstante, la presentación dejaría abierta la puerta a posibles delitos conexos, lo que permitiría anticipar que la fiscalía podría evaluar si existieron maniobras asociadas, tales como administración fraudulenta, retención indebida o eventuales irregularidades contractuales. La clave residiría en determinar si las operaciones denunciadas constituyeran simples incumplimientos civiles o si alcanzaran el umbral penal requerido por la jurisprudencia, esto es, dolo específico, artificios engañosos y perjuicio patrimonial verificable.
La denuncia también menciona a propietarios, representantes y socios de paradores y locales gastronómicos, lo que ampliaría el espectro de análisis hacia un entramado comercial más complejo. Desde el punto de vista procesal, su eventual imputación dependería de comprobar si existió participación activa, cooperación dolosa o, al menos, conocimiento de maniobras perjudiciales. De no ser así, la investigación podría limitarse exclusivamente a quienes operaron como intermediarios o agentes directos en las transacciones cuestionadas.
El Ministerio Público Fiscal ordeno la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE.) dependiente de la Procuraduría de Provincia de Buenos Aires , un organismo especializado en analizar operaciones financieras, contratos, flujos de dinero y posibles triangulaciones que suelen caracterizar a los delitos económicos modernos.
Los denunciantes están representados por los Dres. Fabián Amendola y Germán Facio, abogados con experiencia en litigios penales complejos. En casos como este, la estrategia del particular damnificado se focaliza en el impulso de medidas de prueba , solicitar auditorías y asegurar la preservación de documentación sensible. Su rol es clave para evitar dilaciones y garantizar que la causa avance hacia una resolución fundada.
Si la U.I.D.E. detectara irregularidades sistemáticas, el expediente podría derivar en reformas regulatorias o en nuevas causas penales vinculadas. El avance del caso dependería de la solidez de las pruebas, la capacidad técnica de la unidad económica y la respuesta de los implicados ante los requerimientos judiciales. Mientras tanto podría abrirse un debate más amplio sobre los controles en el mercado inmobiliario y la prevención de los delitos económicos en la Costa Atlántica.
INVESTIGAN UN POSIBLE ESQUEMA DE FRAUDE INMOBILIARIO QUE INCLUYE A BROKERS Y LOCALES GASTRONÓMICOS